Para la creación de un documento conjunto de recomendaciones 

El Instituto de las Mujeres y las universidades avanzan en la mejora de los protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo

• El encuentro da continuidad al trabajo iniciado en enero para mejorar la aplicación efectiva de los protocolos y reforzar la atención y protección de las víctimas en el ámbito universitario
• Han participado más de 100 personas representantes de 40 universidades públicas
• La jornada de trabajo ha abordado la coordinación entre los distintos órganos universitarios y la respuesta ante situaciones que exceden el ámbito de actuación directa de las universidades

25/09/26 – El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha celebrado la II Jornada de trabajo sobre protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las universidades, un encuentro que da continuidad al proceso de colaboración iniciado el pasado mes de enero con universidades españolas y la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

En esta segunda jornada de trabajo se ha seguido avanzando hacia criterios comunes de actuación para crear un documento conjunto de recomendaciones. El trabajo iniciado en enero parte de la constatación de que el sistema universitario ha avanzado significativamente en la aprobación y desarrollo de instrumentos para hacer frente al acoso sexual y por razón de sexo, pero persisten dificultades en su aplicación práctica. El reto es avanzar hacia una respuesta integral que, además de disponer de procedimientos eficaces, garantice la prevención, la detección, la protección y una atención adecuada a las personas afectadas.

La jornada ha sido inaugurada por la presidenta del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández; y por la representante de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Gema García.

“Las universidades han avanzado mucho en la creación de protocolos frente al acoso. Ahora tenemos que conseguir que esos instrumentos sean realmente eficaces cuando se produce una situación concreta. Un protocolo no puede ser únicamente un procedimiento: tiene que garantizar que una persona que denuncia o comunica una situación de acoso sepa dónde acudir, encuentre una respuesta rápida y coordinada y no quede desprotegida en ningún momento. Eso exige mejorar la coordinación, compartir soluciones y situar la atención y protección de las víctimas en el centro de la respuesta universitaria independencia de la universidad o del contexto en el que se produzcan los hechos”, ha señalado la presidenta del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.

Un trabajo conjunto basado en la experiencia

Durante el encuentro se han abordado dos cuestiones identificadas en la primera jornada como especialmente relevantes. Por un lado, la coordinación entre los protocolos frente al acoso y los diferentes órganos y procedimientos existentes en las universidades. Por otro, las universidades han compartido experiencias sobre cómo actuar cuando la persona presuntamente acosadora no mantiene una vinculación laboral con la universidad.

En este sentido, en este proceso se ha trabajado específicamente la coordinación entre los protocolos y los procedimientos disciplinarios; la relación con las inspecciones de servicios, defensorías universitarias y comisiones de convivencia; las garantías de confidencialidad y protección frente a represalias; la posibilidad de adoptar medidas de protección cuando existe un procedimiento penal; la atención y acompañamiento de las personas afectadas durante todo el proceso o la formación de quienes intervienen en los protocolos.

En la primera jornada se planteó la necesidad de que los protocolos puedan alcanzar también a personas de empresas contratistas o subcontratistas, prácticas externas, centros de investigación o estancias internacionales, especialmente en situaciones en las que la universidad no tiene capacidad sancionadora directa.

Para abordar estas cuestiones, la jornada ha contado con la participación de representantes de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada y la Universitat Rovira i Virgili, que han presentado sus experiencias con el resto de universidades participantes.

La puesta en común de experiencias permite, además, identificar prácticas que ya están funcionando en distintas universidades y que se pueden trasladar a otros centros.

Con esta segunda jornada, el Instituto de las Mujeres mantiene abierta una línea de trabajo con las universidades dirigida a seguir profundizando en las dificultades detectadas, compartir soluciones y avanzar en la elaboración de un documento conjunto de recomendaciones El objetivo es avanzar desde la existencia formal de protocolos hacia un sistema universitario capaz de prevenir el acoso, detectarlo tempranamente y ofrecer una respuesta eficaz, coordinada y garantista, que proteja y acompañe adecuadamente a las personas afectadas.

Marco jurídico

En los últimos años, prácticamente la totalidad de las universidades han aprobado protocolos en esta materia en función del marco normativo actual -en particular la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre; la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria;y la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual- que refuerza la obligación de las instituciones públicas de disponer de mecanismos eficaces para la prevención y la respuesta frente al acoso sexual por razón de sexo y a otras conductas contrarias a la libertad sexual; y y la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

Sin embargo, la experiencia acumulada pone de manifiesto que persisten retos relevantes, con diferencias apreciables en la activación de los procedimientos, la gestión de los casos, la coordinación interna y las garantías ofrecidas a las personas afectadas.

En este contexto, esta jornada forma parte de un proceso de trabajo continuado para identificar las dificultades que todavía existen y avanzar hacia una respuesta más homogénea y eficaz en el conjunto del sistema universitario, reforzando tanto la prevención como la atención y protección de las víctimas.