Análisis en el contexto internacional
El Instituto de las Mujeres defiende la protección de las garantías para un acceso al aborto sin barreras ni estigmatización
- El ente adscrito al Ministerio de Igualdad ha organizado, junto al Observatorio de Salud de las Mujeres, la jornada “Abortar sin barreras. Del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso”
- A pesar de que el aborto es un derecho reconocido en la legislación española, siguen existiendo barreras estructurales
28/09/26 – El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, y el Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM), dependiente del Ministerio de Sanidad, han organizado esta mañana la jornada “Abortar sin barreras. Del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso”.
Enmarcada en el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, que se celebra hoy 28 de septiembre, la jornada ha tenido por objetivo analizar los desafíos pendientes y las oportunidades para lograr la garantía efectiva del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en España, desde una perspectiva de salud pública, derechos humanos y equidad, incorporando las recomendaciones internacionales, las experiencias comparadas y la evidencia científica disponible.
Garantías al libre acceso
A pesar de que el aborto es un derecho reconocido en la legislación española y en los tratados internacionales de derechos humanos, su ejercicio efectivo sigue enfrentando barreras estructurales que dificultan la plena integración de la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud.
Según el Informe de situación del aborto en la sanidad pública. Octubre 2025
, aunque el 75% de las mujeres que se realizan una IVE se informan en un centro sanitario público, el 80% acaba acudiendo a un centro acreditado.
Por otro lado, el informe “El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
”, presentado el año pasado por la Federación Mujeres Jóvenes, con el apoyo del Instituto de las Mujeres, señala que la falta de protocolos homogéneos, la insuficiente formación de profesionales, la falta de rigor y registros en la aplicación de la objeción de conciencia y el estigma social configuran un escenario en el que el derecho al aborto, pese a estar reconocida como un derecho de salud sexual y reproductiva de las mujeres, se ejerce de forma desigual y condicionada por factores territoriales, psicosociales y económicos.
El Instituto de las Mujeres aboga por la protección de las garantías al libre acceso, sin barreras ni estigmatización por parte de las mujeres que solicitan la prestación para ejercer su derecho al aborto, así como también la protección de la práctica profesional de quienes la prestan.
En palabras de Cristina Hernández, presidenta del Instituto de las Mujeres, “cuestionar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es cuestionar la autonomía de las mujeres. Mas allá de los matices, esa es la idea que hay que combatir”.
Desarrollo de la jornada
El acto ha contado con la apertura de la ministra de Sanidad, Mónica García, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha recalcado que “es importante blindar el aborto en la Constitución, dentro de los derechos a la salud, para garantizar que todas seamos iguales en el ejercicio de los derechos en cualquier lugar de España”.
Paula Boira, periodista y autora del libro Un aborto, 8.000 pesetas, ha sido la encargada de conducir el acto y ha comenzado diciendo que “si el derecho no está garantizado para todas, es que todavía es muy frágil”.
A continuación, ha dado paso al vídeo de Anand Grover, abogado especializado en derechos humanos y Relator Especial de la ONU, quien ha reflexionado sobre la protección constitucional y la despenalización del aborto.
En la primera mesa de la jornada, sobre derechos humanos, salud pública y evidencia, se ha abordado el aborto en el contexto internacional. Ha contado con las reflexiones de Ximena Casas, abogada y experta en derechos sexuales y reproductivos, para quien “los estudios internacionales demuestran que la regulación vía penal es totalmente ineficaz y, si no garantizamos la confianza en el sistema sanitario, las personas no acudirán”
Por otro lado, Óscar Cabrera, director del Centro de Salud y Derechos Humanos del Instituto O'Neill para el Derecho Nacional y Global de la Salud ha hecho hincapié en que “la objeción de conciencia se vuelve un escudo de protección ideológica y al mismo tiempo una espada para aumentar las barreras”.
La segunda mesa ha girado en torno a la garantía del acceso efectivo al aborto en el Sistema Nacional de Salud y, Lucía Candeira, coordinadora de la Federación Mujeres Jóvenes y experta en igualdad, ha denunciado que “tener 17 modelos de educación sexual diferentes es una gran dificultad para garantizar que se hable en las escuelas del aborto como un derecho”. En la misma línea, Ramón Escuriet Peiró, director del Plan de Salud Afectiva, Sexual y Reproductiva del Servicio Catalán de la Salud ha recalcado que “es esencial ofrecer información veraz para que las mujeres puedan escoger el método que quieran para ejercer su derecho al aborto”.
Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) ha puesto el foco en que es necesario contar con los centros especializados que llevamos más de 40 años prestando este servicio de manera profesional, garantizando los derechos de las mujeres y acompañándolas desde todos los enfoques”. En este sentido, Silvia Aldavert, directora del programa Quiero Abortar y de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, señala que “la primera barrera para garantizar el derecho al aborto es la desinformación, después la objeción de conciencia y la disparidad territorial”.
Sobre la situación de actual de garantía al derecho al aborto, Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres ha dicho que “las feministas españolas sabemos mucho de lo que es resistirse a un retroceso y también sabemos que es un terreno de confrontación política que se utiliza para cuestionar los derechos de las mujeres”.
Por último, como cierre de la jornada, Pedro Gullón, director general de Salud Pública, y Cristina Hernández, presidenta del Instituto de las Mujeres, han recogido las conclusiones y las prioridades para la política pública. En este sentido, Gullón ha explicado que ya existen políticas en marcha para eliminar las barreras que se han nombrado en las mesas de debate, pero que “hay que seguir trabajando en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Por último, Hernández, en relación a lo abordado en la primera mesa ha recordado que el movimiento feminista es “ante todo internacionalista” y que “los derechos son para todas la mujeres en cualquier lugar del mundo”.
Vuelve a ver el desarrollo de la jornada en el canal del Youtube del Instituto de las Mujeres https://youtube.com/live/lbe_agLu4pg?feature=share
Legislación
La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho reconocido en la legislación española y en los tratados internacionales de derechos humanos. La Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y su ampliación posterior mediante la Ley Orgánica 1/2023, han configurado un marco normativo que consolida legislativamente este derecho y avanza en la eliminación de barreras para garantizar su acceso, incluyendo la recuperación de la capacidad de decidir de las mujeres de 16 y 17 años tras la restricción introducida en 2015 por la Ley Orgánica 11/2015. Asimismo, la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal, refuerza la protección de este derecho al tipificar como delito las conductas de acoso y hostigamiento dirigidas contra las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la IVE.
