Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal
El Instituto de las Mujeres acoge la presentación de un estudio sobre las barreras y los retos pendientes para garantizar el derecho al aborto seguro
- Realizado por la Federación Mujeres Jóvenes, el estudio formula recomendaciones para avanzar hacia un acceso equitativo y efectivo en todo el territorio
- Más del 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros privados acreditados, aunque estén financiadas por el sistema público de salud.
25/09/25 – El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, acoge la presentación del estudio realizado por la Federación Mujeres Jóvenes: “El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.
El acto de presentación, abierto al público, ha tenido lugar en la sede del Instituto de las Mujeres y se ha enmarcado en la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, que se celebra el 28 de septiembre.
“Hay que garantizar que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad y no podemos sobrecargarlas con burocracia que haga esa decisión aun sea más compleja. Ahí hay margen de mejora”, ha reconocido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en su intervención durante el acto.
La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha señalado que “los derechos conquistados necesitan ser protegidos, ampliados y garantizados en la vida cotidiana” y ha recordado “a aquellas que abrieron camino y a quienes hoy sostienen la defensa de los derechos reproductivos frente a retrocesos y resistencias”.
El informe que ha realizado la Federación Mujeres Jóvenes, basado en una investigación de carácter cualitativo y exploratorio, constata las desigualdades territoriales, limitaciones en la cobertura pública y obstáculos específicos para mujeres jóvenes y otros colectivos en situación de vulnerabilidad, y formula recomendaciones para avanzar hacia un acceso equitativo y efectivo en todo el territorio.
40 años desde la despenalización del aborto en España
La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho reconocido en la legislación española y en los tratados internacionales de derechos humanos. La Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y su ampliación posterior mediante la Ley Orgánica 1/2023, han configurado un marco normativo que consolida legislativamente este derecho y avanza en la eliminación de barreras para garantizar su acceso, incluyendo la recuperación de la capacidad de decidir de las mujeres de 16 y 17 años tras la restricción introducida en 2015 por la Ley Orgánica 11/2015. Asimismo, la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal, refuerza la protección de este derecho al tipificar como delito las conductas de acoso y hostigamiento dirigidas contra las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la IVE.
Pese a los avances normativos y a las políticas desarrolladas en los últimos años, la investigación realizada por la Federación Mujeres Jóvenes, con el apoyo del Instituto de las Mujeres, pone de manifiesto la persistencia de barreras estructurales que dificultan la plena integración de la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud. Estas dificultades se ven agravadas, además, por el hecho de que muchas de las competencias en materia sanitaria recaen en las Comunidades Autónomas, lo que genera desigualdades territoriales en el acceso efectivo a este derecho.
Principales conclusiones del informe
La externalización del servicio es uno de los principales obstáculos identificados en el estudio. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad más del 80% de las IVE se realizan en centros privados acreditados, aunque estén financiadas por el sistema público de salud. A ello se suman las desigualdades territoriales entre las Comunidades Autónomas: mientras que algunas disponen de una red pública significativa, en otras la práctica totalidad de la prestación se deriva al ámbito privado.
Además, la falta de protocolos homogéneos, la insuficiente formación de profesionales, la falta de rigor y registros en la aplicación de la objeción de conciencia y el estigma social configuran un escenario en el que la IVE, pese a estar reconocida como un derecho de salud sexual y reproductiva de las mujeres, se ejerce de forma desigual y condicionada por factores territoriales, psicosociales y económicos.
Estas desigualdades y barreras inciden especialmente en mujeres jóvenes, migrantes, con discapacidad o en situación administrativa irregular. Por ello, la investigación recomienda integrar la IVE en la red pública de salud, regular la objeción de conciencia, formar y capacitar al personal sanitario, establecer protocolos homogéneos e información clara, atender sin estigmas y con un enfoque feminista, garantizar el acceso inclusivo para colectivos vulnerables y promover una educación sexual integral.
Descarga el informe completo en nuestra página web.
Vídeo del acto de presentación del informe en nuestro canal de Youtube.
